Jane Mayer, del New Yorker, posee fuentes que han tenido acceso a montones de entrevistas llevadas a cabo por la Cruz Roja con presos retenidos en cárceles secretas de la CIA. Sin embargo, pocos ciudadanos estadounidenses medios se han sentido inquietos por lo que la CIA hace en nuestro nombre.

Si se llegara a crear un tribunal semejante al de Nuremberg para quienes han perpetrado crímenes contra la humanidad en Guantánamo, Iraq, Afganistán y en las cárceles secretas de la CIA, habría montones de pruebas disponibles procedentes de informes elaborados por organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre ellos el de una parte del Parlamento europeo, y de libros muy documentados como el de Stephen Grey, Ghost Plane: The True Story of the CIA Torture Program [Aviones fantasma: La verdadera historia del programa de torturas de la CIA], (St. Martin’s Press) y el de Charlie Savage, de reciente aparición, Takeover: The Return of the Imperial Presidency and the Subversión of American Democracy [Toma de posesión: El retorno de la presidencia imperial y la subversión de la democracia estadounidense] (Little, Brown).

Mientras el Congreso de mayoría demócrata tiene todavía pendiente una investigación seria sobre lo que muchos legisladores europeos ya saben respecto a los crímenes de guerra estadounidenses, se ha filtrado un informe especialmente revelador del Comité Internacional de la Cruz Roja que desempeñaría un papel fundamental en ese potencial Tribunal de Nuremberg. La propia Cruz Roja se ha visto obligada a guardar silencio preocupada por los resultados de sus investigaciones sobre el respeto a los derechos humanos en cárceles de todo el mundo o exponerse a que los gobiernos no les permitan visitar las prisiones.

Pero Jane Mayer, del New Yorker, tiene fuentes que han tenido acceso a montones de entrevistas llevadas a cabo por la Cruz Roja con presos retenidos en cárceles secretas de la CIA. En su artículo “Black Sites” (13 de agosto, The New Yorker), Mayer revela asimismo los efectos en nuestros torturadores de sus acciones (a las órdenes del presidente) para “proteger los valores estadounidenses”.

Mayer cita a un ex agente de la CIA: “Cuando se cruza esa línea oscura, resulta difícil volverse atrás. Se pierde la sensibilidad y se puede hacer todo lo posible para justificarlo, pero... resulta im posible regresar de ese lugar tenebroso sin sentirse cambiado”.

Sin embargo, pocos ciudadanos estadounidenses medios se han sentido inquietos por lo que la CIA hace en nuestro nombre. Se responsabiliza al secreto oficial que sigue existiendo sobre los métodos que utiliza la CIA para obtener información. El 20 de julio, el gobierno Bush publicó una nueva orden ejecutiva por la que autorizaba a la CIA a continuar con esas técnicas, sin revelar nada sobre ellas.

Si un tribunal internacional finalmente nos condena a nosotros, el pueblo, por nuestra complicidad y silencio antes esos crímenes de guerra, siempre podremos intentar imitar a los alemanes que afirmaban no saber lo que Hitler y sus fuerzas de seguridad estaban haciendo. Pero en la Alemania nazi, la gente no tenía medios para insistir en que se investigara qué había ocurrido con sus vecinos desaparecidos.

Nosotros, sin embargo, tenemos el derecho y la fuerza para insistir en que el Congreso investigue y revele los detalles de las torturas y demás brutalidades que la CIA, en nuestro nombre, ha estado infligiendo a sospechosos de terrorismo.

Sólo un congresista, Ron Wyden, senador demócrata por Oregón, ha insistido en investigar la legalidad de las técnicas utilizadas por la CIA (hasta el punto de bloquear el nombramiento de John Rizzo, candidato de Bush, como jefe de los servicios jurídicos de la CIA). Rizzo, agente de la CIA desde 2002, ha dicho públicamente que no se opuso a los memoranda sobre la “tortura” del Departamento de Justicia de 2002, que permitían el maltrato salvo que provocara daños como “el fallo orgánico... o incluso la muerte”. (Cualquier maltrato que llegara a ese punto se consideraba comportamiento profundamente no-estadounidense). Rizzo sería un testigo clave en cualquier Tribunal de Nuremberg en el futuro.

El 6 de agosto, Jane Mayer declaró a la Radio Nacional Pública que había encontrado en el desvelado informe de la Cruz Roja, y en su amplia investigación sobre nuestros interrogadores (alentados por nuestro comandante en jefe) la existencia de “un programa detallado de maltratos, controlado de arriba abajo, autorizado por la Casa Blanca y desarrollado después por la CIA desde los niveles superiores hasta los agentes de base... que mantenían a las personas desnudas hasta 40 días en celdas donde se les privaba de cualquier tipo de luz. Les quitaban el sentido del tiempo en el que vivían o... de cualquier indicio que les indicara dónde se encontraban”.

Habló también del interrogatorio al que sometió la CIA a Abu Zubaydah, quien no sólo fue sometido al waterboarded (una técnica en la que se le hizo sentir que estaba a punto de ser ahogado) sino al que también “se le mantuvo... en una pequeña jaula, de aproximadamente un metro por un metro, en la que no podía estar de pie durante mucho tiempo. [La CIA] la denominaba la caseta del perro”.

Haya o no otro juicio de Nuremberg- y mientras el Congreso sigue durmiendo- los historiadores futuros del gobierno Bush se referirán seguramente a Leave No Marks: Enhanced Interrogation Techniques and the Risk of Criminality [No dejar señales: Técnicas de Interrogatorio Autorizadas y el Riesgo de Delitos], un informe de julio elaborado por Human Rights Firts y Physicians for Social Responsability.

El informe resalta que la orden ejecutiva presidencial del mes de julio sobre los interrogatorios de la CIA, que aún siendo confidencial ha sido ampliamente ensalzada como si se tratara de una prohibición de la “tortura y el trato cruel e inhumano”, “ no excluye explícitamente el empleo de técnicas “refinadas” autorizadas a la CIA en marzo de 2002” con la aprobación del presidente (la cursiva es del autor).

En 2002, el entonces Secretario de Estado, Colin Powell denunció los memoranda sobre la tortura y demás técnicas de interrogatorio en informes internos que llegaron a la Casa Blanca. Es una pena que Powell no nos los presentara también a nosotros. Sin embargo, las objeciones de Powell podrían mantenerlo fuera del banquillo de los acusados en cualquier juicio internacional futuro.

A continuación se detallan algunas de las normas estadounidenses, recogidas en el informe Leave No Marks, violadas en su totalidad por la CIA y los Departamentos de Justicia y Defensa:

En la Torture Convention Implementation Act de 1994, que convierte en ley estadounidense el artículo 5 de la Convención de la ONU contra la tortura, definida como “acción ‘cometida’ por un individuo oficialmente autorizado’... específicamente dirigida a infligir graves daños físicos o mentales o sufrimientos... contra otra persona bajo su custodia o control físico.”

La ley estadounidense sobre crímenes de guerra de 1997: “considera delito... los crímenes de guerra específicamente enumerados a los que las leyes denominan ‘violaciones graves’ del artículo 3 de las Convenciones de Ginebra, entre los que se consideran crímenes de guerra la tortura y ‘el trato cruel e inhumano’”.

El muy valioso informe Leave Not Marks llevó al Tribunal Supremo -antes de que se apoderara de él el presidente del Tribunal John Roberts- a enfrentarse al historial de crímenes de guerra de este gobierno. Yo sugiero con entusiasmo que Human Rights First y Physicians for Social Responsability envíen su informe ( con los párrafos siguientes subrayados) a todos los miembros del actual Tribunal Supremo y del Congreso:

“El Tribunal Supremo durante mucho tiempo ha considerado que el trato a los prisioneros viola los procedimientos debidos si ‘atenta contra la conciencia’, supera los límites de sensibilidades incluso endurecidas, o quebranta ‘un principio de justicia tan enraizado en las tradiciones y conciencia de nuestro pueblo hasta el punto de ser considerado como fundamental.”

Entre esos derechos fundamentales citados por anteriores Tribunales Supremos, continúa el informe, están “los derechos a la integridad física y el derecho a tener cubiertas las necesidades básicas de la persona; y el derecho a la dignidad humana básica (cursiva añadida por el autor).

Si la conciencia de la mayoría de los miembros del Tribunal de Roberts no se siente conmocionada por lo que hemos hecho a nuestros prisioneros, entonces corresponderá al próximo presidente y al próximo Congreso ( y en consecuencia, a todos nosotros) el cambiar, en algunos aspectos el juicio de la Historia respecto a nosotros. Pero ¿se ven señales significativas entre los estadounidenses medios de tener su conciencia intranquila? ¿Y qué decir de los candidatos presidenciales de ambos partidos?