Según la Comisión Europea, las ventajas de dicha política son las siguientes: «diversificación del suministro de energía en Europa, incrementando la cuota de energía de fuentes renovables (y) reduciendo la dependencia de la energía importada»; «reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero»; y creación de empleo, «sobre todo en las zonas rurales». Vamos a ver, por el contrario, que tal política provoca problemas éticos, sociales y ambientales y que, además, nunca constituirá una aportación decisiva para la sustitución de los combustibles fósiles.

Actualmente, las técnicas disponibles permiten obtener bioetanol (sustituto de la gasolina) y biodiésel (alternativa al gasóleo). El bioetanol se consigue de algunos cereales o de la remolacha azucarera en zonas templadas, y de caña de azúcar y aceite de palma en zonas tropicales. El biodiésel se obtiene de soja, colza, girasol y aceite de palma. En Europa, la colza domina ampliamente, destinándose a biodiésel más de la mitad de la superficie de este cultivo. Los mejores rendimientos energéticos por hectárea se obtienen de los cultivos tropicales. Se puede mezclar el bioetanol con gasolina en los motores convencionales en una proporción de hasta el 15%, mientras que los motores diésel convencionales funcionan con cualquier proporción de biodiésel.

Los biocombustibles suponen ya más del 2% de los combustibles de automoción a escala mundial. La Unión Europea ha establecido el objetivo de que alcancen el 5,75% del total de los combustibles en 2010, el 8% en 2015 y el 10% en 2020. Estados Unidos pretende llegar al 10% para 2009. En este país el etanol se vende a un precio entre la mitad y un tercio del de la gasolina. También los biocombustibles son más baratos en Reino Unido y Alemania, a pesar de que los biocombustibles tienen un poder energético por unidad de volumen inferior al de las gasolinas en un 25%-30%. Todo ello es posible debido a las grandes subvenciones que reciben, que en EE UU superan los 5.000 millones de dólares al año.

Utilizar alimentos para producir biocombustibles plantea un gran problema ético. Hay más de 800 millones de personas que pasan hambre, y más de 2.000 millones tienen una dieta pobre. Además, estamos abocados a una escasez mundial de alimentos debido al crecimiento de la población (somos ya 6.600 millones y la ONU trabaja para estabilizar la población en 9.000-10.000 millones en 2050) y a la reducción de la superficie cultivable en general producto de la erosión, la desertización, el sellado del territorio (provocado por la expansión de las ciudades, vías de comunicación y zonas industriales), la salinización, etcétera. Como resultado, está decreciendo la superficie cultivable por persona, y lo mismo está ocurriendo con el agua para riego.

A todo ello hay que añadir el cambio climático. Hay un consenso amplio en torno a que un incremento de la temperatura de un grado en la época de producción reduce la cosecha en un 10%. En los últimos siete años sólo una cosecha de cereales ha sido capaz de satisfacer la demanda y, en consecuencia, las reservas de seguridad han caído a 57 días de consumo, la cuota más baja desde 1972.

Además, la producción de biocombustibles está generando una fuerte escalada de los precios de alimentos como los cereales, la soja, la carne y el azúcar. Brasil dedica ya a bioetanol más de la mitad de la superficie cultivada de caña de azúcar, y este producto ha alcanzado el precio más alto de los últimos veinticinco años. El precio de la caña sube porque también lo hace el de la soja, y con ello la alimentación del ganado. En septiembre, el coste del maíz en Estados Unidos se incrementó un 55%.

Aunque se dedicara toda la tierra cultivable para producir biocombustibles, éstos no podrían sustituir a todo el petróleo consumido en el transporte. Un reciente informe de la UE concluye que se necesitaría alrededor del 10% de la tierra cultivable de la UE-15 para alcanzar el citado porcentaje del 5,75%. La UE admite la limitación de tierra disponible y, por ello, la necesidad de grandes importaciones. El problema se agrava porque también se intensifica la demanda de tierra para cultivos para producir masivamente otros tipos de energía (para calefacción, electricidad, etcétera), como viene ocurriendo en Suecia y en Austria, donde el 21% del agua caliente se produce así.

La agricultura destinada a biocombustibles intensifica los impactos ambientales mucho más que la dedicada a alimentos: mayor erosión del suelo, contaminación del agua, pérdida de biodiversidad. Los cultivos transgénicos y los pesticidas utilizados son más dañinos que los destinados a alimentos. En los países menos desarrollados, sobre todo en Brasil, Malasia e Indonesia, se está intensificando el ritmo de quema de bosques para obtener más tierra para biocombustibles. Hemos podido ver en televisión las dramáticas imágenes del rescate de orangutanes quemados en el famoso parque nacional indonesio de Tanjung Puting, donde han muerto en los últimos meses 100 ejemplares de un colectivo inicial de 600. La organización Amigos de la Tierra atribuye el 87% de la deforestación en Malasia a este hecho. Además, se están produciendo expulsiones masivas de pequeños agricultores y de pueblos aborígenes por parte de los terratenientes. Está demostrado, de hecho, que la política de promoción de los cultivos para la exportación es uno de los factores más importantes de la extensión del hambre.

La agricultura industrial consume mucha energía en la producción de abonos y de pesticidas y en la fabricación y uso de maquinaria, así como en la obtención industrial de biocumbustibles, lo cual está dando lugar a un debate sobre el balance energético, con acento en los biocombustibles producidos en las zonas no tropicales. Los expertos han denunciado que el balance energético es negativo: se consume más energía de la que se crea.

Por el contrario, diversos estudios del Gobierno de EE UU y de la Comisión Europea afirman que el balance es ampliamente positivo, a lo que estos expertos contestan que los informes no contabilizan todo el consumo energético. Pero, incluso en el caso de que los balances de los biocombustibles fueran moderadamente positivos, se lograría una mayor reducción de consumo de combustibles fósiles utilizando las subvenciones para primar la eficiencia energética. Hay consenso en que el balance energético de los cultivos en zonas tropicales es mucho mejor; pero en su caso, al quemar bosques se emite CO2 y desaparece la función captadora de CO2 de éstos, por lo que esta política se convierte en un importante factor del cambio climático.

La mayor eficiencia energética de los cultivos tropicales y la mano de obra barata permiten que sus biocombustibles sean más económicos que los de los países desarrollados, a pesar de que no suelen ser subsidiados, como ocurre con el bioetanol de azúcar de caña en Brasil. Por eso se están disparando las exportaciones a los países desarrollados y, en consecuencia, se están construyendo muchas biorrefinerías en los puertos europeos. Malasia e Indonesia son responsables del 85% de las exportaciones de aceite de palma. Estos tres países tienen planes para incrementar fuertemente su producción, pero Ghana, Madagascar, Sudáfrica, India, Filipinas y otros quieren emularlos. Se calcula que la producción mundial de biodiésel crecerá alrededor de un 15% al año.

Nos encontramos, por tanto, ante un nuevo caso en el que los países desarrollados aparecen como ecologistas a costa de provocar tremendos impactos ambientales y sociales en los países menos desarrollados. Los biocombustibles no son la alternativa, pero podrían constituir una aportación importante, aunque nunca decisiva, si se cumplieran por lo menos las premisas siguientes: ser producidos a partir de cultivos ecológicos; utilizar principalmente tierras marginales; y desarrollar tecnologías que, por un lado, mejoren mucho la eficiencia energética de los procesos de las biorrefinerías y, por otro, permitan la obtención de biocombustibles de forma rentable de la celulosa (lo cual permitiría utilizar toda la planta).