El próximo 17 de mayo se celebra el Día Internacional de las Telecomunicaciones . Con este motivo organizaciones vecinales, sociales y ecologistas de ciudades y pueblos de Europa quieren denunciar, que en los últimos años hemos asistido al crecimiento insostenible y a la proliferación caótica de estaciones base de telefonía móvil y otras infraestructuras de telecomunicaciones que han supuesto la instalación descontrolada de estas redes radioeléctricas, un aumento significativo de la contaminación electromagnética y el crecimiento de la percepción social del riesgo asociado a estas infraestructuras. Estamos asistiendo al establecimiento de la trama de las telecomunicaciones de una proliferación en el medio rural y urbano de toda una serie de infraestructuras de antenas estaciones base GSM, DCS y LMDS, dipolos repetidores, antenas de alta ganancia, picocélulas y microantenas, radioenlaces, etc., o los nuevos sistemas Wi-Fi. La instalación de antenas estaciones base de telefonía móvil de la red UMTS y sistemas inalámbricos de transmisión de información, van a suponer nuevos problemas en su ubicación y un aumento significativo de la contaminación electromagnética a la que estamos sometidos.

La legislación estatal, hecha por el anterior gobierno y atendiendo sólo los intereses de las grandes operadoras, no ha resuelto el impacto social y ambiental de las redes de telefonía móvil. La movilización social, vecinal, y ecologista ha obligado a algunas comunidades autónomas y ayuntamientos a establecer normativas más preventivas y niveles de exposición al público más restrictivos y sin embargo queda pendiente una directiva europea que sirva como un instrumento real para hacer compatible el desarrollo de la telefonía móvil y las posibles afecciones ambientales y para la salud pública. Sin embargo el actual gobierno español está aplicando en la práctica la misma política del Partido Popular, incumpliendo claramente el programa electoral del PSOE (incluido el rechazo de financiación de proyectos de investigación independientes) que recomendaba aprobar una normativa de niveles de exposición muchos más restrictivos.

Es evidente que las autoridades sanitarias de las distintas administraciones no se atreven a enfrentarse a los grandes intereses financieros y someten sus decisiones a las prioridades de los resultados económicos poniendo en segundo lugar la salud de las personas. Hasta ahora, las administraciones sanitarias sólo están aceptando los estudios que tranquilizan a la población. Dos recientes estudios de campo, uno de Alemania y otro de Israel, han constatado un aumento de entre 3,5 y 4,15 las probabilidades de contraer cáncer en el radio de acción de 400 metros alrededor de una antena de telefonía móvil. El Proyecto Reflex, un estudio financiado por la Unión Europea, en el que han participado 12 países, entre ellos España, cuyo objetivo es el estudio de la influencia de campos electromagnéticos, concluye que las ondas electromagnéticas de la telefonía móvil producen alteraciones del ADN que transporta la información genética en el núcleo de las células y cambios en éstas. Diversas conferencias internacionales de prestigiosos científicos independientes alertan sobre los posibles efectos y riegos en la salud pública (Declaraciones de Viena 1998, Salzburgo 2000, Roccaraso 2000, Alcalá de Henares 2002, Catania 2002, Friburgo 2002 y Benevento 2006). En el estado español, la Declaración de Alcalá de Henares; así como investigaciones epidemiológicas publicadas en revistas científicas de prestigio, han señalado los efectos biosanitarios de las emisiones de la telefonía móvil a niveles de radiación radioeléctrica miles de veces inferiores a los que se han adoptado en la normativa estatal. Es necesario el desarrollo de un programa público estatal e independiente, no subvencionado por las operadoras de telefonía, de los efectos sobre la salud pública e investigación específica sobre las personas denominadas electrosensibles.

Las organizaciones vecinales, sociales, ecologistas abajo firmantes demandamos un cambio en la normativa actual, hecha al dictado de las operadoras de telefonía móvil. Estas reformas deberían contemplar los siguientes aspectos:

a) Aplicación efectiva del principio de precaución para los posibles efectos biosanitarios y del principio ALATA (la mínima emisión técnicamente posible).

b) Transformación de la Ley General de Telecomunicaciones y la normativa sobre control del espacio radioeléctrico teniendo en cuenta los ya demostrados ampliamente efectos no térmicos. Revisión de las normativas autonómicas con criterios restrictivos y precautorios

c) Establecimiento de un valor límite exposición ciudadana que impida que se produzcan cambios celulares de ningún tipo y no sólo la expresión de proteínas de shock térmico, oncogenes, etc.

d) Establecimiento de un valor límite por debajo alteraciones en el ámbito celular para la suma de ondas de las emisiones de todo tipo de infraestructura de transmisión sin cables de uso industrial (radio, televisión, radar, telefonía móvil, radio-enlaces,...) o doméstico (antenas de radioaficionados, tecnologías GPRS, UMTS, Bluetooth, Wi-Fi , DECT.)

e) Información y justificación exhaustiva como la descongestión de áreas de saturación sobre-expuestas, previa a la instalación de estaciones base de telefonía móvil y participación activa de los ciudadanos en el ámbito local.

f) Estudio de diversas localizaciones alternativas para la ubicación de una estación base.

g) Moratoria en el despliegue de las redes UMTS y WiFi y WIMAX por su alto contenido energético. Promover los alternativas a los sistemas de comunicación sin hilos, por ejemplo: uso de la fibra óptica y de los cables coaxiales

h) Minimización de los impactos paisajísticos, visuales y ambientales en el medio rural y urbano.

i) Establecimiento de un mapa radioeléctrico urbano que refleje el conjunto de emisiones radioeléctricas en tiempo real y de forma continua..

j) Máximo control sobre la ubicación de antenas e infraestructuras de telecomunicaciones en zonas residenciales especialmente, y con mención especial sobre áreas hospitalarias de oncología infantil.

k) Creación de una comisión interministerial (Ministerios de Sanidad, Industria y Medio Ambiente que coordine el despliegue de redes con criterios de prevención de la salud pública), con participación activa de agentes sociales, organizaciones medioambientales científicos y técnicos independientes .

l) Estudios epidemiológicos por sorpresa sobre poblaciones que haya sido expuestas de una manera residencial y continua con participación de científicos y técnicos con independencia demostrada al dispositivo jerárquico de la administración. Fomento de la investigación pública sobre los efectos en la salud y dotación presupuestaria para ello.

m) Creación de una entidad de inspección y seguimiento de las estaciones base después de su instalación con participación de científicos y técnicos independientes.

n) Creación de una base de datos pública como el registro de todas las estaciones base y sus emisiones

o) Elaboración de un Código de buenas prácticas y Campañas específicas contra el abuso del móvil y conductas adictivas al mismo, sobre población adolescente y adulta. Limitar el uso de los teléfono móviles e inalámbricos a niños, jóvenes y adolescentes al nivel más bajo posible y prohibir, de una manera urgente, a compañías de telecomunicación de la comercialización y publicidad dirigida a ellos.

p) Reconocimiento legal del potencial riesgo sanitario derivado de la exposición residencial y laboral a campos electromagnéticos.

q). Reconocimiento en el sistema de salud pública de la electrosensibilidad y las personas electrosensibles.

r) Exigencia de zonas libres de emisiones radioeléctricas de telecomunicaciones Definir zonas urbanas libres de emisiones, en edificios públicos (escuelas, hospitales, áreas residenciales) y en los sistemas de transporte público..

Recordar a los ciudadanos y hacer valer ante los tribunales los Derechos Fundamentales siguientes, establecidos en la Constitución Española:

Derecho a la integridad física (Art. 15 C.E.), Derecho a la intimidad personal y familiar (Art. 18.1. C.E.) y Derecho a la inviolabilidad del domicilio (Art. 18.2. C.E.),