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la población palestina, bajo sitio en Cisjordania
El 9 de julio de 2004 la Corte Internacional de Justicia falló que el muro que Israel ha construido en su mayor parte en territorio de Cisjordania es ilegal y ordenó su desmantelamiento. Tres años después de la sentencia, y tras 40 años de ocupación y abusos generalizados contra los derechos humanos, Israel sigue ignorando la sentencia.
En un momento en que se ha recrudecido la grave crisis de derechos humanos que asola Palestina, Amnistía Internacional recuerda que el muro/valla está dejando aisladas muchas ciudades y pueblos palestinos de Cisjordania, violando los derechos humanos de medio millón de personas, como el derecho a la libre circulación. El muro/valla da lugar también a la destrucción arbitraria de sus casas y propiedades y mina otros derechos tan fundamentales como el derecho a una vivienda, a un trabajo y, en definitiva, a una vida digna.
La ciberacción también va dirigida a Miguel Angel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores español, al que se le pide que haga cuanto esté en su mano para que Israel acate la resolución de la Corte Internacional de Justicia de 9 de julio de 2004.
"Peligro de muerte. Zona militar: toda persona que traspase o dañe la valla pondrá en peligro su vida".
40 años de ocupación de Cisjordania
Cumplidos 40 años de ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza, Amnistía Internacional pide a las autoridades israelíes que pongan fin a la apropiación de tierra, los bloqueos y demás violaciones del derecho internacional cometidas bajo la ocupación. Estas medidas han dado lugar a abusos generalizados contra los derechos humanos y no han servido para proporcionar seguridad a la población israelí ni a la palestina.
En un informe publicado el pasado 4 de junio -40º aniversario de la ocupación- con el título “Soportando la ocupación: la población palestina, bajo sitio en Cisjordania”, Amnistía Internacional denunciaba los devastadores efectos de cuatro decenios de ocupación militar israelí. La organización documenta la expansión incesante de los asentamientos ilegales en territorios ocupados, que priva a la población palestina de recursos esenciales, así como una serie de medidas que confinan a los palestinos en zonas aisladas, obstaculizando su acceso al trabajo y los centros de salud y educativos. Entre estas medidas figuran una valla/muro de 700 km de largo, más de 500 controles de seguridad y bloqueos, y un complicado sistema de permisos de acceso.
Amnistía Internacional pide el despliegue urgente de un mecanismo internacional de observación efectiva de la situación de los derechos humanos para vigilar el cumplimiento por ambas partes, israelíes y palestinos, de las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional. Esta medida ha de estar respaldada por el compromiso de someter a investigación y enjuiciamiento, por medio del ejercicio de la jurisdicción universal, a toda persona que cometa crímenes de guerra u otros delitos comprendidos en el derecho internacional.
La organización ha reiterado también su llamamiento a los grupos armados palestinos para que pongan fin de inmediato a los ataques contra civiles, así como su llamamiento a la Autoridad Palestina para que tome medidas efectivas a fin de detener y prevenir tales ataques y poner a sus autores a disposición judicial.