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La principal conclusión de este documento es que el proyecto de ley, si no se modifica durante su tramitación parlamentaria, no supondrá un verdadero avance para impedir que las armas españolas lleguen a destinos equivocados, incluyendo países donde se violan los derechos humanos o inmersos en situaciones de pobreza.

“Elevar a rango de ley la normativa sobre comercio de armas es un avance importante. Pero si la ley no mejora sustancialmente la transparencia de la información oficial sobre esta materia y no deja claros los criterios para autorizar o no las exportaciones, no supondrá ningún cambio importante sobre la situación actual”, afirman las organizaciones.

En la actualidad no es posible saber qué se ha vendido exactamente desde España a un determinado país, cuál será el uso final del producto exportado, ni cómo se interpretan los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea sobre exportación de armas, según el cual no deben exportarse armas a países con graves violaciones de derechos humanos, en situación o riesgo de conflicto armado o cuando haya riesgo de desvío, entre otras situaciones.

Tampoco es posible saber con qué garantías cuenta el Gobierno al autorizar una venta de que la misma no tendrá un impacto negativo en el país de destino o en un país tercero, y por qué se deniega una licencia de exportación. Además, las actas de las reuniones de la JIMDDU1, el organismo interministerial que decide sobre las transferencias de armas, continúan siendo secretas.

Esta situación es la que ha permitido que entre los destinos habituales de las armas españolas de los últimos años se encuentren países como Colombia, Israel, Marruecos, China o Indonesia, entre otros. En algunos de estos países se cometen graves violaciones de los derechos humanos. Algunos de ellos están sumidos, desde hace décadas, en conflictos armados y en otros impera la pobreza.

“Esta Ley no debe ser una ley “colador” que permita las transferencias de armas a destinos equivocados. Si hay voluntad política para ello, hay muchos aspectos de la ley que pueden ser reforzados, siguiendo el ejemplo de las mejores prácticas de otros países. Esta es una oportunidad única para que España tenga la mejor ley de comercio de armas”, añaden las organizaciones. El informe que hoy se presenta analiza el proyecto de ley del Gobierno, compara la legislación y la práctica en materia de comercio de armas de diez países (entre ellos Alemania, Estados Unidos, Finlandia, Italia y Reino Unido) y hace recomendaciones concretas que deberían ser tenidas en cuenta por los grupos parlamentarios para reforzar la ley durante su tramitación y poner fin al comercio irresponsable de armas.

Las organizaciones destacan como aspecto positivo del proyecto de ley la inclusión de las armas de caza y tiro deportivo, así como sus municiones, como material sujeto a control. Otra medida en la dirección correcta es la obligación del Gobierno de informar sobre la naturaleza del usuario final de las armas exportadas. Muy pocas novedades positivas para un proyecto que debería ser mucho más ambicioso.

Recomendaciones de las organizaciones para mejorar el proyecto de ley Los grupos parlamentarios tienen ahora la responsabilidad de aprovechar esta oportunidad única de aprobar en España una ley que regule de manera exigente y eficaz el comercio de armas, mejorando el proyecto de mínimos presentado por el Gobierno. Para las organizaciones, una ley eficaz de comercio de armas debe:

- Asegurar la máxima claridad y concreción y corregir las disposiciones ambiguas o incompletas en materia de exportación y criterios de autorización.

- Establecer mayores controles al comercio exterior de material de defensa y doble uso, teniendo en cuenta las buenas prácticas de otros países

- Aumentar los niveles de transparencia de la información oficial.

- Limitar la discrecionalidad de la JIMDDU (Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso).

- Desarrollar nuevos mecanismos de control parlamentario para poder parar, en su caso, una exportación de armas a un lugar equivocado antes de que se produzca.

Por otro lado, las organizaciones lamentan no haber tenido acceso al borrador del proyecto de ley para hacer comentarios, como sí lo ha tenido la industria armamentística.

Por último, Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace piden al Gobierno español que informe con puntualidad sobre las exportaciones de armas españolas: todavía no se han enviado al Congreso de los Diputados las estadísticas oficiales sobre el primer semestre de 2006. Además, el Gobierno debe incorporar ya los avances en control y transparencia que se proponen en el informe de las organizaciones, sin tener que esperar a la aprobación de la ley.