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En el proceso de revueltas populares que han sacudido y se extienden por el norte de África y Oriente Medio contra los regímenes autoritarios de Túnez, Egipto, Yemen, Bahrein, Jordania, Omán, Marruecos, etc., la actitud de las grandes potencias occidentales ha evolucionado desde la parálisis inicial a intervenir activamente para evitar que la profundización de la revuelta social y política culmine en gobiernos democráticos y populares de orientación antiimperialista.
El régimen de Gadafi, tras abandonar su inicial tendencia socializante y nacionalista, conoce desde hace mucho tiempo un proceso de degradación, arbitrariedad, corrupción y autoritarismo bajo la protección de Berlusconi, Sarkozy, David Cameron, Obama y Zapatero. Contra este régimen se inició la revuelta de amplios sectores de la juventud estimuladas por el ejemplo de Túnez y Egipto.
La movilización popular por más derechos y libertades y su violenta represión por las armas puso en crisis el régimen, provocando deserciones en el ejército libio, con impacto desigual en el conjunto del territorio y de la estructura tribal, transformándose en guerra civil.
Con el argumento inicial de imponer una «zona de exclusión aérea», las grandes potencias intervienen abiertamente en el conflicto bombardeando y matando a centenares de civiles en nombre de su protección y de la paz, multiplicando el número de víctimas entre el pueblo libio.
Este es el curso previsible de la guerra que se ha desencadenado tras la Resolución 1973 de la ONU y que ya ha provocado la protesta de Amr Mussa, Secretario General de la Liga Árabe, por estimar que excede los términos de una resolución que en su momento apoyaron.
En este sentido, la intervención de la coalición imperial en Libia tiene dos objetivos principales: primero, asegurarse el control de sus abundantes recursos naturales (fundamentalmente petróleo y gas); segundo, ejercer un papel de disuasión y tutela sobre el proceso de las revueltas, asegurándose militarmente el dominio geopolítico de la zona.
De paso, los gobiernos de Sarkozy y Zapatero, en caída libre y ante procesos electorales en marcha o próximos, buscan desviar el malestar de los ciudadanos ante su gestión profundamente regresiva y antisocial de la crisis económica.
Los gobiernos que participan en la coalición guerrera no tienen legitimidad moral. Siempre facilitaron por activa o por pasiva los bombardeos y masacres del gobierno de Israel sobre el pueblo palestino, especialmente en Gaza. Fueron aliados hasta el último día de Ben Alí y Mubarak y ahora protegen la tiranía en Bahrein y en Yemen y están haciendo todo lo posible para que los regímenes en crisis sean sustituidos por democracias electorales y sumisas a los intereses de las grandes potencias.
La falta de dignidad y la hipocresía de Zapatero supera casi todos los límites: no solo fue «compañero» de Ben Alí y Mubarak en la Internacional Socialista, sino que en el final de su legislatura, no por casualidad, hace coincidir su «ardor» guerrero en la operación «El Amanecer de la Odisea» (sin contar con la previa aprobación del Congreso de Diputados) con su política de derechas, que impone un durísimo ajuste laboral y la contra-reforma de las pensiones a la ciudadanía.
La defensa de la paz en Libia exige el cese inmediato de la intervención imperial y de los bombardeos, el alto el fuego entre los contendientes de la guerra civil y la apertura de negociaciones para una paz definitiva que contemple las justas aspiraciones del pueblo libio a la justicia social y la democracia, y que preserve el control soberano sobre sus recursos y riquezas. Ese debería ser el verdadero papel de las Naciones Unidas.
Los países que no apoyaron la Resolución 1973 de la ONU tienen la obligación de convocar una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para detener la intervención imperialista y emprender rápidas acciones para asegurar y supervisar sobre el terreno el alto el fuego y el fin de los bombardeos.
Solo con la movilización ciudadana conseguiremos detener el curso de la guerra y abrir la esperanza a la paz, donde los pueblos de Europa, del Mediterráneo y de Oriente Medio puedan conseguir soberanía política y económica, justicia social e independencia nacional.
22 de Marzo 2011
Los cables de la embajada de EEUU en Trípoli entre 2006 y 2010 filtrados por Wikileaks muestran obsesión por los pozos de petróleo
Artículo del diario PUBLICO de 3-4-2011
Gadafi pasó de paria a amigo de Occidente. El asunto estrella de los documentos filtrados es el endurecimiento de las condiciones de la docena de compañías petroleras occidentales que operan en el país, lo que provoca un gran malestar en la embajada.
Libia es el primer país africano en reservas de petróleo, con 46.000 millones de barriles estimados, el doble que EEUU. En 2010, alcanzó los 1,8 millones por día, procedentes en un 80% de la zona de Sirte y cuya venta supuso el 95% de los ingresos del Estado. Los principales clientes son Italia (28%), Francia (15%), China (11%), Alemania (10%) y España (10%).
Crudo fácil de extraer
El petróleo libio no sólo es abundante, sino de gran calidad y fácil de extraer, lo que lo hace especialmente rentable: en algunas zonas, el coste de extracción es de apenas un dólar el barril. Cuando entre 2003 y 2004, Naciones Unidas y EEUU levantaron las sanciones, tras la renuncia del régimen a "la producción de armas de destrucción masiva", las grandes petroleras occidentales volvieron masivamente al país.
Las compañías internacionales que dominan el mercado libio son Eni, Repsol YPF y el consorcio estadounidense Oasis, que integra en Libia a CoconoPhillips, Marathon Oil y Ameranda Hess. Pero está también sólidamente instalada PetroCanadá, TNK y Gaz-prom (Rusia), Total (Francia), Saga Petroleum (Noruega), Wintershall y RWE (Alemania), OMV (Austria), BP (Reino Unido), Occidental, Halliburton, Exxon (EEUU) Chevron se marchó en 2010 porque sus exploraciones no daban resultados, Woodside (Australia) y Japan Exploration Company, entre otros.
Indignación
La Embajada de EEUU siguió con lupa las condiciones del sector y reflejó su creciente indignación en los cables que enviaba a Washington. A partir de 2006, el gobierno libio inició una ronda de contactos con las multinacionales para extender las licencias y endurecer sus condiciones: exigía ampliar la cuota de beneficios que corresponde al Estado y el pago de un bonus millonario adicional, entre otras novedades, pese a que los contratos se habían firmado hacía apenas tres años y que faltaba mucho para que expiraran, lo que provocó gran malestar a la Embajada. Y cuando la mayoría de petroleras aceptaban y firmaban, los funcionarios estadounidenses no ocultaban su indignación.
Las petroleras van firmando las nuevas condiciones, pero ello no aplaca el malestar de la Embajada de EEUU, que en noviembre de 2007 redacta otro informe: "Libia es un lugar excepcionalmente difícil para las petroleras internacionales, que tienen que afrontar numerosos y bizantinos problemas y sus márgenes de beneficios son comparativamente menores. La situación empeorará en los próximos años porque el Gobierno busca concesiones adicionales para maximizar los beneficios".
"Su enfoque y estilo han alienado a las petroleras extranjeras y daña la cooperación potencial. Otros ejecutivos nos cuentan que en determinados aspectos es un regreso al estilo de la década de 1970, cuando se veía a las compañías extranjeras desde una lente nacionalista que las consideraba entidades depredadoras", añade el informe.
Ola de privatizaciones
Este malestar se extiende a todos los nichos de negocio que van apareciendo al son de la ola privatizadora emprendida por el Estado libio. Los cables de la Embajada tratan sistemáticamente de enfriar el interés de las empresas de EEUU que quieren invertir en Libia.
La Embajada también enfría el entusiasmo levantado por el ambicioso plan de privatizaciones puesto en marcha por Gadafi. En un cable de noviembre de 2009, advierte de que el Gobierno libio exige que los nuevos propietarios privados mantengan los puestos de trabajo: "Esto a menudo hace que sea poco atractivo para un inversor extranjero, en la medida en que la productividad de las empresas públicas libias es infame y tienen exceso de personal como consecuencia de las generosas leyes laborales libias".
Por los cables desfilan todo tipo de negocios, algunos patrocinados o bendecidos por gobiernos: manejos de Italia para que la empresa Sipsa gane un contrato para destruir químicos, el intento infructuoso de la empresa británica York Guns de colocar 130.000 rifles automáticos que los diplomáticos sospechan que acabarán en Chad o Sudán, operación vetada por el Gobierno británico que acabará asumiendo sin problema la rumana NFI, la mediación de un diplomático español en nombre de Espidesa (Técnicas Reunidas), que buscaba el visto bueno de EEUU para construir una fábrica de ácido nítrico, o las sugerencias de Tony Blair para que Libia invierta en Sierra Leona y Ruanda, países que el ex primer ministro británico dice que son prioritarios para su organización caritativa.
Los diplomáticos de EEUU describen también la tirantez entre las autoridades libias y francesas: subrayan la feroz oposición de Gadafi al proyecto de Unión Euromediteránea y los comentarios "sarcásticos" del mandatario libio sobre Sarkozy. Y, en sentido inverso, auguran un acercamiento a España tras la visita del rey a Trípoli, en 2009: "Entendiendo que en Libia el negocio es la política y que Gadafi controla ambos, España probablemente se beneficiará de la cálida relación entre Gadafi y el rey".
Aznar abrió el camino en 2003
José María Aznar fue uno de los dirigentes clave que facilitó la reinserción internacional del régimen de Muamar Gadafi y la expansión de empresas occidentales en Libia. En septiembre de 2003, el entonces presidente del Gobierno español fue el primer mandatario occidental en entrevistarse con Gadafi en Trípoli tras el levantamiento de las sanciones.