La declaración por parte de ETA del cese definitivo de su actividad armada constituye sin duda una muy buena noticia

que contribuye a abrir una nueva etapa en la lucha por los legítimos derechos nacionales de Euskal Herria. Con esa decisión, ETA responde sin ambigüedad alguna, digan lo que digan desde la caverna mediática y similares, al clamor a favor del fin de la violencia que desde hace tiempo se ha ido extendiendo tanto en la sociedad vasca como en la española y a escala internacional, como se puso de relieve en la reciente Conferencia Internacional celebrada en Aiete.

Más allá de la confrontación mediática que ahora se desarrolla en torno a la interpretación de los distintos factores que han contribuido a tomar esa decisión, lo importante es la constatación de que

se inicia un nuevo período en el que el debate central deberá girar alrededor de la solución dialogada y no violenta del conflicto vasco

. Un conflicto de larga historia que no fue resuelto democráticamente en la mitificada Transición política española y que obliga ahora a abordarlo sin coartadas y con voluntad política de todas las partes por alcanzar un acuerdo que permita el reconocimiento del derecho del pueblo vasco a decidir su futuro.

En ese proceso consideramos necesario también

responder favorablemente a demandas como el acercamiento de presos y presas vascas a Euskadi,

la derogación de la “doctrina Parot” o la aplicación de los beneficios penitenciarios sin restricciones, así como la legalización de Sortu, hoy pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional.

Asimismo, la discrecionalidad y arbitrariedad con que han sido juzgadas por ese tribunal de excepción que es la Audiencia Nacional gran cantidad de personas bajo la falsa acusación de pertenencia a ETA, por el mero hecho de estar vinculadas a diferentes organizaciones de la izquierda abertzale, deberían ser revisadas teniendo en cuenta incluso sentencias absolutorias como las de Egunkaria y Udalbiltza. Esa reconsideración de una política “antiterrorista” que ha vulnerado el más elemental garantismo jurídico debería conducir a medidas generosas por parte del Estado como la absolución de personas como Otegi y Díez Usabiaga, que han jugado un papel fundamental en la presión sobre ETA para que renuncie a la violencia y sin embargo se encuentran hoy encarceladas.

En esta nueva etapa política se abre también una nueva oportunidad para el establecimiento de nuevos lazos entre la izquierda radical vasca, en todas sus componentes, y la que se está reconstruyendo a escala de todo el Estado español en su lucha común por ofrecer un proyecto democrático radical, plurinacional y anticapitalista frente al nacionalismo español excluyente y a un sistema en crisis profunda. Una mayor convergencia en la acción desde el protagonismo de la movilización social y de una acción institucional a su servicio ayudará sin duda a generar nuevas esperanzas de ruptura con el régimen de la Transición no sólo en Euskadi sino también en el conjunto del Estado español.