La campaña ¿Quién debe a quién? denuncia una vez más la falta de democracia de una para-institución como el G8, así como la hipocresía e incoherencia de sus propuestas.

Para la campaña se hace evidente cuál es el principal objetivo del G8: asegurar el crecimiento de las economías más industrializadas. Cuando el G8 habla de resolver los “desequilibrios económicos globales”, no hace referencia a las desigualdades Norte-Sur ni al agotamiento de los ecosistemas, sino a temas como el déficit por cuenta corriente en los Estados Unidos, al “deficiente” crecimiento en la UE o a la creciente acumulación de divisas en Asia.

En lo que se refiere al continente africano, sorprende que lo único que se plantee sea ir hacia una mayor “gobernanza” mediante el incremento de la Inversión Extranjera Directa (IED). Es necesario recordar que las inversiones de las transnacionales en el continente africano, a pesar de hacer crecer el PIB en los respectivos países, no han generado un incremento del bienestar social, sino que lo que han conseguido aumentar son cuentas de beneficios de dichas empresas.

Actualmente la UE está imponiendo a 76 países del África, el Caribe y el Pacífico (ACP), de los cuales hay 39 que son países altamente empobrecidos, unos Acuerdos de Asociación Económica. La Comisión Europea está presionando para que esos acuerdos comerciales entrañen la liberalización de las inversiones, el comercio de servicios y la contratación pública, al igual que compromisos claros con respecto a la política de competencia y los derechos de propiedad intelectual. Muchos países afectados han manifestado que no están dispuestos a suscribir tales acuerdos. Sin embargo, la UE está amenazando con recortarles la ayuda, si no suscriben esos acuerdos antes de fin de año.

El G8 no sólo no acierta con sus medidas de política económica, sin que además ha incumplido sistemáticamente las promesas hechas en materia de ayuda y alivio de la deuda. En la cumbre de 2005, en Gleneagles, el G8 se comprometió a duplicar la ayuda a África para 2010. Dos años después no se ha hecho ni siquiera un plan para cumplir esta promesa, y la ayuda a África, excluidas las operaciones de cancelación de deuda, aumentó apenas un 2%. Y esto teniendo en cuenta que del dinero que hablamos es pasar de 25.000 millones de dólares a 50.000, menos del 0’1% de los ingresos de los países del G8, una minucia teniendo en cuenta que las bonificaciones pagadas por Wall Street en la Navidad de 2006 ascendieron a 24.000 millones de dólares o que en la guerra de Iraq se gastan más de 100.000 millones de dólares anuales.

Los países africanos pagan tres veces más en el servicio de la deuda que en salud o educación. De este modo no es creible la preocupación del G8 por el SIDA si mantiene a estos países en un endeudamiento muchas veces ilegítimo que impide destinar más recursos a salud, y si promueve la protección de la propiedad intelectual que impide a la mayoría de los enfermos el acceso a los medicamentos.

¿Quién debe a quién? considera que el crecimiento económico no es compatible con la sostenibilidad. No podemos evitar el calentamiento de la atmósfera si seguimos saqueando recursos y destruyendo espacios naturales. Además, el comercio internacional es una de las mayores causas del cambio climático debido al transporte que implica. Por lo tanto las políticas del G8 contra el cambio climático son papel mojado. Por todo ello la Campaña “¿Quién debe a quién?” se moviliza ante la cumbre del G8 y exige:

l Que el G8 reconozca el nulo sentido democrático de su existencia y desaparezca.

l Que se reconozca la deuda ecológica que todos los Estados enriquecidos y sus empresas multinacionales tienen con los países empobrecidos. Así, se debe reducir por lo menos en un 70% el consumo energético y la emisión de los gases de efecto invernadero, así como compensar a los países afectados por los daños ocasionados.

l Que la deuda externa de los países del Sur sea auditada y sur deudas ilegítimas canceladas.

l Que se devuelva a las comunidades locales el control sobre sus territorios, recursos naturales y espacios ambientales. La soberanía alimentaria de toda la humanidad ha de ser un derecho reconocido y respetado por Estados, empresas y organismos internacionales.

l El pleno derecho de los y las migrantes a la ciudadanía, a una vida digna en los países de acogida y el respeto a todos sus derechos sociales, laborales y políticos, y el cese de las deportaciones.

l Políticas efectivas para la prohibición del comercio armamentístico, así como la reducción radical del gasto militar.

l Que se promuevan más y mejores iniciativas y ayudas para mitigar y prevenir los efectos del cambio climático: apoyar con firmeza las energías renovables (eólica y solar básicamente); fomentar medidas de ahorro y eficiencia energética; promover los medios de transporte no motorizados; el cierre progresivo de las centrales nucleares; y realizar campañas de sensibilización ciudadana.